martes, 15 de marzo de 2005  


El PP rechaza debatir las operaciones de cambio de sexo aprobadas en comisión

CAROLINA MARTINEZ

VALLADOLID.— La mayoría del PP rechazó ayer debatir en el Pleno de las Cortes, que se inicia hoy a las cuatro y media de la tarde, la decisión aprobada por unanimidad en la Comisión de Derechos Humanos de crear una Unidad de Reasignación de Género en Castilla y León.

En concreto, la Mesa de las Cortes (con tres representantes del PP y dos del PSOE) rechazaron una pregunta del procurador socialista Ismael Bosch. El parlamentario pedía información al consejero de Sanidad, César Antón, sobre las gestiones que «ha iniciado o tiene previsto iniciar la Junta para la puesta en marcha efectiva de una Unidad de Reasignación de Género en la Comunidad». En los antecedentes, Bosch recordaba que la Comisión de Derechos Humanos aprobó por unanimidad, con los votos a favor del PP, una resolución en la que las Cortes «instan a la Consejería de Sanidad a incluir dentro de las prestaciones del Sacyl el tratamiento psicológico, endocrinológico y quirúrgico de reasignación de sexo para los transexuales residentes en la Comunidad de manera transitoria, hasta que el Gobierno central regule este mismo servicio en toda la Comunidad».

Ante la decisión de no aceptar su pregunta, Bosch se preguntaba si el apoyo con que contó la propuesta por parte del PP en la citada comisión no fue una «decisión equivocada», lo que demostraría, añade, «la descoordinación entre la Junta y su grupo y de la dirección de éste y sus miembros». El procurador socialista considera que se trata de una «irresponsabilidad», que demuestra que «el PP no tiene en cuenta a los ciudadanos ni sus necesidades».

El portavoz del Grupo Popular, José Antonio de Santiago-Juárez, acusó ayer al PSOE pretender «enredar y marear» con una medida que no aparece en el programa del PP, «sino que es un compromiso del PSOE que no ha ejecutado». «Piden a la Junta que cumplan lo que ellos no hacen», aseguró el procurador, «y eso es una desvergüenza».

Argumentó que es la Mesa la que rechaza la pregunta de actualidad y no su grupo, pero aclaró, sobre el fondo de la cuestión, que estas operaciones «no son prioritarias para su partido» y que lo que se aprobó fue instar al Gobierno de España a ejecutarlas, aunque la Junta avanzase en las gestiones previas para su puesta en marcha a la espera de la financiación estatal. Además, apuntó que la cuestión se debatirá más adelante, como pregunta oral y no de actualidad porque, añadió, la propuesta «ni siquiera ha sido publicada aún en el Boletín Oficial de las Cortes».

No fue la única cuestión rechazada. El Gobierno regional tampoco dará explicaciones acerca de la ejecución de obras supuestamente ilegales en el chalet del delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, ubicado en suelo rústico. Antonio Losa pretendía conocer las «medidas que adoptará la Junta en relación a esta cuestión».

El secretario regional del PSOE y portavoz del Grupo Socialista, Angel Villalba, preguntará al presidente Juan Vicente Herrera acerca de la «intención» de la Junta de «suspender todo tipo de relaciones de colaboración con la Empresa Nacional de Transformaciones Agrarias (Tragsa)», que da trabajo a unas 1.800 personas en Castilla y León.

El Grupo Popular aprovechará el pleno de hoy, un día después del aniversario del 14-M, para hacer balance del primer año de Gobierno de Zapatero, pero centrado en tres consejerías: Agricultura, Fomento y Cultura y Turismo.

Se trata de los departamentos que concentran precisamente los problemas que el Gobierno de Herrera considera más acuciantes: ejecución de regadíos, infraestructuras y la polémica en torno al Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, entre otras cuestiones. De Santiago-Juárez destacaba ayer que el Gobierno no ha cumplido ni uno solo de sus compromisos y recordaba que aún está pendiente el prometido Plan del Oeste.

Volver