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martes,
15 de
marzo
de 2005

El
PP rechaza debatir las operaciones de cambio de sexo aprobadas en
comisión
CAROLINA MARTINEZ
VALLADOLID.— La mayoría del PP rechazó
ayer debatir en el Pleno de las Cortes, que se inicia hoy a las cuatro
y media de la tarde, la decisión aprobada por unanimidad en la
Comisión de Derechos Humanos de crear una Unidad de Reasignación de
Género en Castilla y León.
En
concreto, la Mesa de las Cortes (con tres representantes del PP y dos
del PSOE) rechazaron una pregunta del procurador socialista Ismael
Bosch. El parlamentario pedía información al consejero de Sanidad,
César Antón, sobre las gestiones que «ha iniciado o tiene previsto
iniciar la Junta para la puesta en marcha efectiva de una Unidad de
Reasignación de Género en la Comunidad». En los antecedentes, Bosch
recordaba que la Comisión de Derechos Humanos aprobó por unanimidad,
con los votos a favor del PP, una resolución en la que las Cortes
«instan a la Consejería de Sanidad a incluir dentro de las
prestaciones del Sacyl el tratamiento psicológico, endocrinológico y
quirúrgico de reasignación de sexo para los transexuales residentes en
la Comunidad de manera transitoria, hasta que el Gobierno central
regule este mismo servicio en toda la Comunidad».
Ante
la decisión de no aceptar su pregunta, Bosch se preguntaba si el apoyo
con que contó la propuesta por parte del PP en la citada comisión no
fue una «decisión equivocada», lo que demostraría, añade, «la
descoordinación entre la Junta y su grupo y de la dirección de éste y
sus miembros». El procurador socialista considera que se trata de una
«irresponsabilidad», que demuestra que «el PP no tiene en cuenta a los
ciudadanos ni sus necesidades».
El
portavoz del Grupo Popular, José Antonio de Santiago-Juárez, acusó
ayer al PSOE pretender «enredar y marear» con una medida que no
aparece en el programa del PP, «sino que es un compromiso del PSOE que
no ha ejecutado». «Piden a la Junta que cumplan lo que ellos no
hacen», aseguró el procurador, «y eso es una desvergüenza».
Argumentó que es la Mesa la que rechaza la pregunta de actualidad y no
su grupo, pero aclaró, sobre el fondo de la cuestión, que estas
operaciones «no son prioritarias para su partido» y que lo que se
aprobó fue instar al Gobierno de España a ejecutarlas, aunque la Junta
avanzase en las gestiones previas para su puesta en marcha a la espera
de la financiación estatal. Además, apuntó que la cuestión se debatirá
más adelante, como pregunta oral y no de actualidad porque, añadió, la
propuesta «ni siquiera ha sido publicada aún en el Boletín Oficial de
las Cortes».
No
fue la única cuestión rechazada. El Gobierno regional tampoco dará
explicaciones acerca de la ejecución de obras supuestamente ilegales
en el chalet del delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández,
ubicado en suelo rústico. Antonio Losa pretendía conocer las «medidas
que adoptará la Junta en relación a esta cuestión».
El
secretario regional del PSOE y portavoz del Grupo Socialista, Angel
Villalba, preguntará al presidente Juan Vicente Herrera acerca de la
«intención» de la Junta de «suspender todo tipo de relaciones de
colaboración con la Empresa Nacional de Transformaciones Agrarias (Tragsa)»,
que da trabajo a unas 1.800 personas en Castilla y León.
El
Grupo Popular aprovechará el pleno de hoy, un día después del
aniversario del 14-M, para hacer balance del primer año de Gobierno de
Zapatero, pero centrado en tres consejerías: Agricultura, Fomento y
Cultura y Turismo.
Se
trata de los departamentos que concentran precisamente los problemas
que el Gobierno de Herrera considera más acuciantes: ejecución de
regadíos, infraestructuras y la polémica en torno al Archivo de la
Guerra Civil de Salamanca, entre otras cuestiones. De Santiago-Juárez
destacaba ayer que el Gobierno no ha cumplido ni uno solo de sus
compromisos y recordaba que aún está pendiente el prometido Plan del
Oeste.
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